La iniciativa, que contiene 22 artículos y cinco títulos, tiene como punto clave la CURP Digital, pues servirá como un mecanismo de confianza para acreditar la identidad
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La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca promover la adopción e implementación de pagos digitales y electrónicos en México, con el objetivo de reducir el uso de dinero en efectivo.
El proyecto fue recibido la noche del martes, junto con otras dos propuestas: una para modificar diversas disposiciones de la Ley Aduanera y otra para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
Las iniciativas fueron remitidas a San Lázaro junto con el Paquete Económico para el 2027, confirmó el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara baja.
Según los argumentos de la presidenta, los pagos electrónicos promueven "la democratización del acceso a los servicios financieros, reducción de tiempos y costos de transacción", así como la formalización de micro y pequeñas empresas.
De ahí que advierta que la mayor parte del país "permanece al margen" de esos beneficios, por lo que plantea ampliar las opciones de pago digital para reducir los costos de transacción, eliminar las restricciones de horario y permitir operaciones sin que las partes tengan que encontrarse físicamente en el mismo lugar. Entre estas alternativas se encuentran las tarjetas, transferencias, códigos QR, NFC, CoDi y Dimo.
Especialmente, se apunta, cuando la mayoría de la ciudadanía cuenta con un teléfono celular que puede facilitar esas operaciones.
"Cada pago digital contribuye al desarrollo de un historial financiero que facilita el perfilamiento crediticio y, por tanto, el acceso al crédito y la inclusión financiera: quien percibe sus ingresos en efectivo no necesariamente puede acreditar documentalmente su capacidad de pago, y esa es una de las razones por las que con frecuencia se le niega el acceso al financiamiento formal", se indica.
Asimismo, se afirma que la digitalización de los pagos facilita la incorporación a la economía formal y amplía el acceso a servicios financieros, especialmente para grupos históricamente excluidos, como las mujeres, los habitantes de localidades rurales, las personas con rezago educativo y las comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa contiene 22 artículos y cinco títulos. Un elemento clave será la CURP Digital, pues servirá como un "mecanismo" de confianza para acreditar la identidad sin presencia física ni documentos en papel. Asimismo, se ocupará el Expediente Digital Ciudadano para eliminar trámites burocráticos.
La Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), que encabeza José Merino, desarrollará buena parte de la infraestructura y herramientas digitales que permitirán aplicar la ley, mientras que instituciones como Hacienda, Banxico y la CNBV tendrán funciones relacionadas con la regulación y operación de los pagos y servicios financieros.
La SHCP decidirá qué sectores deberán aceptar exclusivamente pagos digitales. Mientras que el Banco Central deberá ampliar el acceso a cuentas, facilitar transferencias, homologar experiencias de aplicaciones financieras, impulsar pagos mediante QR y desarrollar infraestructura financiera.
Además, el Banco de México tendrá la facultad de ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito; facilitar transferencias electrónicas; homologar la experiencia de uso de aplicaciones financieras; establecer mecanismos para que terminales punto de venta puedan aceptar pagos mediante QR; e impulsar infraestructura para ampliar el acceso a servicios financieros.
Hace unos momentos, recibimos en la @Mx_Diputados tres iniciativas de la Presidenta @ClaudiaShein: una plantea modificaciones a la Ley Aduanera vigente; las otras dos, la expedición de nuevas leyes: la General para el Fortalecimiento y Armonización Catrastral y Registral, y la de… pic.twitter.com/qAhoDHTyKV
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2026
El artículo 21 le da a la ATDT la facultad de emitir los modelos para homologar trámites relacionados con el desarrollo económico, mientras que el artículo 22 establece que las autoridades deberán adoptar las soluciones tecnológicas que desarrolle y habilite esa dependencia.
La iniciativa vincula los pagos digitales con la inclusión financiera y con ello busca reducir barreras para que más personas puedan acceder a cuentas, créditos, financiamientos y otros servicios financieros.
Un punto relevante es que los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, tendrán que habilitar infraestructura para recibir pagos digitales en trámites y servicios. Aunque esto ya ocurre en algunos casos como en los recibos de la luz y el agua, ahora se pretende una ampliación.
No obstante, se aceptará que si los sistemas digitales no funcionan por una contingencia, se podrá pagar en efectivo o cheque. Estas situaciones no pueden utilizarse permanentemente para evadir la obligación de pago o cobro.
Para todo esto, las autoridades deberán desarrollar planes y políticas de conectividad para facilitar que la población pueda utilizar estos sistemas, especialmente donde actualmente existen limitaciones de acceso.
Las empresas y comercios podrán implementar estos medios de pago y, cuando corresponda, deberán contar con infraestructura para recibirlos.
Si bien el proyecto contempla una transición del efectivo hacia los pagos digitales, no establece que esto ocurra de manera generalizada en toda la economía desde la entrada en vigor de la ley.
Por ahora, corresponde a los diputados analizar la prupesta del Ejecutivo federal y, en su caso, aprobarla para después turnarla al Senado como Cámara revisora, que a su vez podría modificar algunos artículos, para después mandarla a la presidenta para su publicación y entrada en vigor.
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