Presuntas Víctimas de Julio Iglesias Presentarán Declaración como Testigos Protegidos
La Fiscalía española tomará las declaración de las presuntas víctimas de Julio Iglesias como testigos protegidos
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La Fiscalía española tomará las declaración de las presuntas víctimas de Julio Iglesias como testigos protegidos
Este miércoles, 14 de enero de 2026, se dio a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante Julio Iglesias, a quien acusan de haber cometido delitos de acoso y agresión sexual en 2021.
Hoy el equipo legal de Women's Link, que las representa, anunció en una rueda de prensa que el Ministerio Público les tomará declaración y que, además, será en calidad de testigos protegidos.
Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, calificó la decisión como "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, al tiempo que dejó claro que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".
Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.
Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan elDiario.es y Univision, los medios que han llevado a cabo la investigación.
El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.
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Asimismo, reveló que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien evitó mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.
En cuanto a las dos denunciantes, no hay fecha prevista para esas declaraciones que podrían ser por medios telemáticos habida cuenta de que no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", añadió la letrada Gema Fernández, quien no duda de que el caso es "competencia" de la Justicia española.
Desde Fiscalía, por su parte, insisten en el secreto de las diligencias para no dar más detalles de su actuación, que son preprocesales, es decir, que no está judicializado.
Al respecto, el Ministerio Público debe decidir si los hechos tienen relevancia penal, para lo cual dispone, según la letrada, de seis meses antes de determinar si archiva o formula una querella.
La denuncia ante la Fiscalía se hizo para que sea el Ministerio Público el que "lidere la acción penal" en caso de que entienda que existen indicios de delito, añadió la abogada. De lo contrario, no descartan otros escenarios, como que sea la propia organización la que formule directamente una denuncia ante un juzgado.
Ríos explicó que las dos decisiones de la Fiscalía formaban parte de las medidas de protección que habían solicitado en su denuncia, porque Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", afirmó, derivado de su influencia y de su poder económico.
Además, temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.
Esas medidas de protección son las siguientes:
Que se evite el contacto entre las denunciantes y sus familiares con el cantante y su entorno.
Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las mujeres.
Que se tome declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas.
Que las medidas eviten la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.
Por su parte, Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, explicó que la ONG está llevando a cabo investigaciones que demuestran que lo que les ha ocurrido a esas dos mujeres no es un caso aislado, sino que obedece a "un patrón" detectado en otros países y que afecta principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza.
La entidad observó que, en los sectores analizados, operan "estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible", que además están favorecidas por políticas migratorias que hacen que la vida de las víctimas dependan de sus empleadores: "Cuanto más precario es el estatus migratorio de muchas de estas personas, más riesgo hay de explotación", ha apuntado.
Los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, según la denuncia.
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Con información de N+ y EFE
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