Amnistía Internacional asegura que la pena capital no previene la delincuencia, mientras que la madre de la víctima dijo que había esperado muchos años para ver cumplida la sentencia
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Christa Gail Pike fue condenada a la pena capital en Tennessee a los 18 años, pero permaneció tres décadas en el corredor de la muerte en medio de una prolongada batalla legal. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente autorizó que se cumpliera la sentencia y reavivó el debate sobre esos castigos contra delincuentes jóvenes.
Estaba previsto que fuera la primera ejecución de una mujer en Tennessee en 200 años, debido a un asesinato cometido en 1995. La defensa de Pike logró una suspensión del procedimiento, pero el máximo Tribunal revocó la orden de una instancia inferior este miércoles. Finalmente, personal de la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, aplicó a la acusada dos inyecciones letales de pentobarbital.
Sin embargo, Pike sobrevivió y fue llevada un hospital, derivado de afectaciones que sufrió por la dificultad para acceder a sus venas pequeñas.
Testigos citados por los medios afirmaron que la mujer siguió respirando y roncando tras recibir la inyección letal. Las personas que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19:27 horas, dejando ver a Pike atado a una camilla.
"Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor", dijo en sus "últimas" palabras. Se describió a sí misma como en paz.
Pero Pike permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, describiendo una presunta sensación de ardor, como si fuera reventar. No quedó claro a qué se refería.
A las 20:26 horas, los testigos de la ejecución informaron que se había administrado la segunda dosis de pentobarbital. Se siguió oyendo a Pike roncar detrás de la cortina cerrada hasta que se cortó el micrófono a las 20:53. En ese momento se hizo un anuncio para escoltar a los testigos de los medios de comunicación fuera de la zona.
Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó que lo que experimentó Pike es "singular e incomparable" y que no existían precedentes del caso.
Según explicó, otras siete personas han sobrevivido a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie ha permanecido con vida después de recibir los fármacos utilizados en dichas ejecuciones.
Luego del proceso fallido, el Departamento Correccional de Tennessee afirmó que las inyecciones se realizaron conforme al protocolo y no contemplan "procedimientos adicionales" en contra de la mujer. La autoridad aseguró que el procedimiento ha demostrado ser eficaz de forma consistente.
El protocolo de ejecución del estado estipula que se administre una segunda dosis de drogas con jeringas "si el recluso no ha fallecido" después de la primera dosis. No especifica qué sucede si el sujeto sigue con vida después de la segunda dosis.
Enseguida, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones para el resto del año en el estado, al tiempo que pidió una investigación exhaustiva por lo que sucedió con Christa Pike.
"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", dijo en un comunicado.
Fue la segunda vez este 2026 que Tennessee no pudo llevar a cabo una ejecución: en mayo, funcionarios estatales cancelaron la inyección letal de Tony Carruthers, quien fue condenado por secuestrar y matar a tres personas en 1994, luego de que los ejecutores no lograron, tras más de una hora, colocar una vía intravenosa para administrar pentobarbital.
Por ahora quedó pendiente el resultado de la moción presentada por los abogados de Pike a última hora, quienes subrayaron que "Tennessee volvió a fracasar". Los defensores dijeron que su clienta tenía las venas reventadas y la sustancia aplicada estaba caducada. Además, acusaron falta de atención médica de emergencia disponible.
Christa Pike fue condenada a la pena capital en 1996 porque ella y su novio Tadaryl Shipp golpearon a Colleen Slemmer cerca de una hora hasta matarla. La joven de 19 años era compañera de clases de ambos, pero el asesinato ocurrió en un centro de capacitación laboral en Knoxville, donde acudían adolescentes con problemas.
Los fiscales indicaron que Pike, temiendo que Slemmer intentara quitarle a su pareja, atrajo a la víctima a una zona boscosa el 12 de enero de 1995. Ahí la cortó con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto. También se llevó un trozo del cráneo del cadáver, el cual mostró al menos a otra persona. Los reportes señalan que los asesinos usaron un hacha.
El asesinato atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de la joven fuera hallado al día siguiente con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho. El gesto desató temores de que se tratara de un homicidio por culto a Satanás. La población recordó la histeria colectiva (satanic panic) de las décadas de 1980 y 1990 en Estados Unidos, cuando prevaleció la creencia de que había una red global de adoración al diablo dedicada al abuso sexual, la tortura y el sacrificio de niños.
Durante el proceso judicial, Shipp admitió que talló un pentagrama sobre el cuerpo Slemmer, pero las investigaciones arrojaron que el crimen no fue motivado por un ritual satánico, sino por los celos patológicos de Pike.
Shipp tenía 17 años cuando cometió el asesinato y recibió una condena de cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional. No fue condenado a la pena capital porque la ley de Tennessee establece ese castigo a quienes son mayores de 18 años al momento del crimen.
Shadolla Peterson igual fue cómplice del brutal asesinato. Pero ella se quedó vigilando para alertar en caso de que alguien se acercara. Había acompañado a Pike y su novio al lugar del homicidio, en el campus agrícola de la Universidad de Tennessee. La joven, que entonces tenía 18 años, colaboró con las autoridades y obtuvo una pena menor, pues no portaba armas ni atacó directamente a la víctima.
Pike fue la única sentenciada a muerte y a partir de ese momento comenzó un largo proceso de apelaciones.
En Estados Unidos, las revisiones judiciales de los condenados a la ejecución suelen durar décadas, mientras se revisa si hubo errores en el juicio. Los abogados de Pike dedicaron años a impugnar su condena. Argumentaron que tiene daño cerebral y que sufrió abusos sexuales y físicos en la infancia.
"El Estado no la protegió durante su niñez a pesar de tener conocimiento de la situación. Sus abogados de oficio no la protegieron durante el juicio, presentando escasas pruebas atenuantes del abuso y sus consecuencias psicológicas", ha denunciado Amnistía Internacional, que habilitó un sitio para enviar cartas de clemencia al gobernador republicano de Tennessee.
Luego de la ejecución fallida este miércoles, el organismo internacional dijo que el caso demuestra por qué la pena de muerte es "verdaderamente el castigo más cruel, inhumano y degradante" y pidió eliminarlo.
"Todos los métodos de ejecución son inhumanos e inaceptables. La pena de muerte debe ser abolida, en todas partes", publicó en X.
Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.
"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron en una petición de clemencia al gobernador Bill Lee, quien había rechazado intervenir en la última semana, hasta su posicionamiento de ayer.
"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos", añadió la defensa.
En su solicitud de clemencia, Pike afirmó que sólo quería pelear con Slemmer, pero la mató en un ataque frenético cuando no pudo detenerse.
"Yo era una chica de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó muchos años siquiera darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho.
"Aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a la hija, hermana y amiga de alguien. Ahora me enferma pensar que tuve la capacidad de cometer un crimen así", declaró.
Los abogados de Pike presentaron el miércoles por la noche una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para solicitar la suspensión inmediata de la ejecución, argumentando que padecía un "sufrimiento innecesario" y que la ejecución violaba su derecho a ser ejecutada sin castigos crueles e inusuales. También interpusieron mociones ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y un tribunal de distrito.
Previamente, la Corte Federal de Apelaciones del 6to Circuito suspendió el procedimiento por votación de 2-1 después que quienes serían testigos de la ejecución y otras personas se reunieran en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó la moción otorgada para frenar la ejecución que se prolongó unas nueve horas, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo. El estado se apresuró a llevar a cabo el procedimiento antes de que terminara el día y evitar así tener que reprogramarla.
El freno a la ejecución había sido porque una corte de apelaciones decidió revisar si las denuncias de abuso sexual y violación sufridas durante la infancia fueron plenamente consideradas al dictarse su sentencia. Después de que se concediera la suspensión, el fiscal general de Tennessee apeló de inmediato la suspensión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Detener la ejecución en el último momento traumatizó a la familia de Slemmer y recompensó "tácticas abusivas de demora" por parte de la defensa, escribió la fiscalía en su reclamo.
Los abogados de Pike dijeron que no considerar lo que le ocurrió cuando ella crecía viola cualquier noción de justicia con las ejecuciones.
"Es inconcebible que en el siglo XXI el sistema de justicia penal esté a punto de ejecutar a una sobreviviente de violación y abuso sexual infantil cuyo jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar esos hechos al sopesar la culpabilidad moral de la acusada", escribieron.
Un grupo de expertos de la ONU instó al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.
A medida que se acercaba la fecha de ejecución, aumentó el debate sobre la pena de muerte para delincuentes jóvenes.
Pike nunca negó haber cometido el homicidio, pero sus partidarios sostienen que el estado debería considerar la edad que tenía entonces, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual severo que incluyó haber sido violada desde que era una niña pequeña.
La madre de Slemmer quiso que la inyección letal se llevara a cabo y afirmó que había esperado décadas para ver cumplida la sentencia.
"Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor y tratando de levantarse y correr", dijo May Martinez a The Associated Press en una entrevista telefónica.
Contó que un grupo ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida para presenciar la ejecución. Martinez señaló que la edad de su hija también debería importar al decidir el destino de Pike.
"No pasa un día, ni pasa un minuto, en que no piense en Colleen. Las fiestas familiares son lo peor", expresó, y señaló que su hija hubiera cumplido 51 años a principios de septiembre.
Las mujeres que estuvieron encarceladas junto a Pike afirmaron que era una persona solidaria y amable.
Amnistía Internacional inició una campaña contra la pena de muerte en 1977. El organismo señala que ese castigo es una violación del derecho a la vida y el máximo exponente de una sanción inhumana.
Afirma que la pena capital no previene la delincuencia más que cualquier otra sentencia, sino que se usa a menudo como instrumento de control estatal para reprimir a la disidencia. O se emplea en narrativas falsas sobre seguridad pública que catalogan a ciertos grupos como amenazas.
Actualmente, 113 países han abolido la pena de muerte. El año pasado, las naciones con más casos de ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Yemen y Estados Unidos. La magnitud de lo que ocurre en el estado asiático es desconocida porque sus cifras son reservadas por el gobierno.
"Excluyendo a China, el 87% de todas las ejecuciones que se dieron a conocer tuvieron lugar en tan sólo dos países: Irán y Arabia Saudí", indica.
El defensor federal adjunto Stephen Ferrell señaló que la condena a muerte de Pike es un caso atípico porque a otros adolescentes de 18 años en Tennessee se les han anulado sentencias de ese tipo.
Tenessee no ha ejecutado a una mujer en al menos dos siglos, según Robin M. Maher. Sin embargo, los registros antiguos pueden ser irregulares, por lo que es difícil conocer detalles precisos sobre la última mujer que fue ejecutada allí. El estado está entre un grupo reducido que ha impulsado ejecuciones en los últimos años.
Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, lo que representa alrededor del 1% de todas las ejecuciones.
El mes pasado, Alabama ejecutó a un hombre mediante inyección letal, apenas unos meses después de que la Corte bloqueara su ejecución por gas nitrógeno. En agosto, ambos estados, junto con Oklahoma, llevaron a cabo ejecuciones el mismo día. Fue la primera vez en más de una década que tres personas fueron ejecutadas en una misma fecha.
Missouri ejecutó en 2023 a Amber McLaughlin por un homicidio de 2003, en lo que se cree que es la primera ejecución de una mujer transgénero en Estados Unidos.
En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que marcó la primera vez en casi siete décadas que el gobierno de Estados Unidos ejecutó a una reclusa.
La ejecución de Pike estaba prevista como la número 30 en Estados Unidos, donde la pena de muerte se aplica tanto a nivel federal -en delitos graves como el terrorismo- como estatal, donde cada gobierno tiene su propia regulación. En la actualidad, el castigo está vigente en 27 estados y 23 no lo contemplan.
California, Pensilvania, Oregon y Ohio son casos especiales, ya que consideran las ejecuciones como parte de su estructura punitiva, pero están suspendidas por órdenes de sus gobernadores.
En lo que va del 2026, se han aplicado 30 penas de muerte en el país, todas por inyección letal. Al menos 16 de esos casos fueron en Florida, donde apenas el pasado martes se aplicó un procedimiento.
Con información de Agencias
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