Para lo que resta de 2026, 8 personas están en el 'corredor de la muerte'; este miércoles, revivió el debate luego de que la ejecución de Christa Pike, en Tennessee, fallara
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Una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump al regresar a la Casa Blanca fue restablecer la pena de muerte como un mecanismo para "disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses".
Así inicia la orden ejecutiva que el mandatario firmó y emitió el 20 de enero de 2025, apenas ocupó de nueva cuenta la Oficina Oval, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de la pena de muerte como eje de control social.
"Nuestros fundadores sabían bien que solo la pena capital puede traer justicia y restablecer el orden en respuesta a tal maldad. Por esta y otras razones, la pena capital sigue gozando de un amplio apoyo popular".
La decisión de Trump fue para revertir la moratoria publicada durante el gobierno de Joe Biden que frenó la ejecuciones federales; así como para promover a nivel estatal una nueva dinámica para aplicar este método de castigo.
Para el 5 de febrero de ese año, la entonces fiscal general Pam Bondi levantó la moratoria e instó al Departamento de Justicia (DOJ) a fortalecer la pena de muerte y solicitarla en caso de ser necesario.
El tema fue retomado casi un año después. El 24 de abril de 2026, la dependencia publicó un comunicado donde hizo caso del llamamiento e informó sobre las medidas que tomaría para cumplir con la orden ejecutiva.
Entre las medidas adoptadas, señala el Departamento de Justicia, están el regreso del protocolo de la inyección letal que se implementó en el primer gobierno de Trump (2017-2021), que solo usaba un fármaco (barbitúrico) para llevar a cabo el proceso y no tres; así como la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte.
A decir del departamento, además es necesario implementar otras formas de castigo capital ante los obstáculos compra, de distribución y fabricación de los químicos para la inyección letal. En pocas palabras, que el gobierno debía tener un amplio abanico para aplicar las sentencias.
En el informe publicado por el DOJ, se realiza un recorrido por la pena de muerte en los Estados Unidos, las sentencias de la Corte Suprema sobre el tema y también se explica en que consisten métodos de ejecución que forman parte de la tradición y que deben ser considerados por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, en inglés), como el fusilamiento, electrocución y el gas letal.
"Estas medidas son cruciales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos que han sobrevivido", señaló el Departamento de Justicia.
Es importante precisar que en la Unión Americana, la pena de muerte se aplica tanto a nivel federal -en delitos graves como el terrorismo- como estatal, donde cada gobierno tiene sus métodos de aplicación y leyes.
En la actualidad, en 27 estados se aplica la pena capital por 23 donde no existe el castigo. California, Pensilvania, Oregon y Ohio son casos especiales, ya que consideran las ejecuciones como parte de su estructura punitiva, pero están suspendidas por órdenes de sus gobernadores.
En lo que va del 2026, se han aplicado 30 penas de muerte (todas por inyección letal), 16 de ellas tan solo en Florida. De esta cifra, 29 fueron hombres y Christa Pike, quien se convertiría este 30 de septiembre en la primera mujer en ser ejecutada en 200 años en el estado de Tennessee.
El caso de Pike destaca porque tuvo un final distinto al esperado: aunque se le aplicaron dos dosis de pentobarbital, sobrevivió y tuvo que ser enviada a un hospital para su atención. Esta situación reavivó la polémica sobre la abolición de la pena capital y de la protección de los derechos humanos.
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, organización que vigila la pena capital en Estados Unidos, para este 2026 todavía hay 8 sentenciados a muerte, incluido uno programado para diciembre en Tennessee, cuyo gobernador ordenó suspender las ejecuciones tras lo ocurrido con Christa.
Ahora bien, en 2027 se tienen registradas 7 ejecuciones; en 2028, 9; en 2029, 8; y en 2030, 3, para un total de 27 en los próximos cuatro años, que sumadas a las 8 del presente calendario (incluido el preso de Tennessee antes mencionado), dan un total de 35 personas que esperan en el corredor de la muerte.
Un dato más es que las 27 ejecuciones programadas entre 2027 y 2030 se concentran en el estado de Ohio que, como ya vimos, tiene una orden ejecutiva activa contra la pena de muerte.
Tras el regreso de Trump y su nuevo impulso a la pena capital, si bien no se ha ejecutado a ningún preso a nivel federal, sí subieron los casos a nivel estatal: en 2025, hubo 47 y en 2026 la cifra podría llegar a 36 (sin contar el fallido caso de Christa y el otro reo que no será ejecutado en Tennessee) para un total de 83 penas aplicadas, 5 más que las realizadas durante los cuatro años de gobierno de Joe Biden (2021-2024).
Con información de N+
ICM
