Este sistema se encarga de coordinar a todas las instancias del Estado para asegurarse de que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, ahora hay una propuesta de pasarlo de Segob al DIF, lo que algunas organizaciones consideran una regresión
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa para trasladar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lo que ha provocado que algunas organizaciones y académicos alerten que esto será un grave retroceso en la garantía de los derechos de los menores de edad y que su cumplimiento se reducirá al ámbito del asistencialismo.
Pero qué es el Sipinna y qué es lo que ha propuesto el primer mandatario. Este sistema se encarga de coordinar las acciones del Gobierno de México, en sus tres órdenes: estatal, municipal y federal, para garantizar los derechos descritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que se promulgó en 2014.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lo explica así: Sipinna es un sistema que se encarga de coordinar que el quehacer de las instituciones tenga considerada la atención a niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos.
Una de las acciones que ha emprendido, ejemplifica Ramírez, es la Estrategia Nacional de Primera Infancia."Se armaron rutas integrales de atención, se llamaban Rías, para poder decirle en el mapa paso a paso a las instituciones qué hacer en determinados temas".
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Sipinna también coordinó la creación de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes. "Y ahí se sentaba a trabajar al mismo tiempo a Educación, a la Secretaría de Seguridad, a las policías cibernéticas".
Para lograr esa coordinación y ese sentar a la mesa a todos estos actores, Sipinna necesita el suficiente peso político y la suficiente visión de campo, por eso es que se puso en la Secretaría de Gobernación, dice Saúl Arellano, integrante del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED), de la UNAM.
De acuerdo con el artículo 130 de la LGDNNA, la coordinación operativa de Sipinna recae en un órgano desconcentrado de la Segob, que ejerce las funciones de secretaría ejecutiva. El titular de esta secretaría ejecutiva le reporta tanto al secretario de Gobernación, como al presidente de la República, que es quien preside el Sipinna.
Además, lo integran ocho dependencias federales, entre estas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Salud, Educación, Bienestar, Trabajo, así como gobernadores y gobernadoras, organismos públicos y ocho representantes de la sociedad civil.
Y aquí es donde viene el debate de qué implica la iniciativa enviada por el presidente. Lo que propone es que dicha secretaría ejecutiva se traslade al DIF, como unidad administrativa, dado que este organismo público descentralizado tiene a su cargo, desde 1977, las funciones relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, como sistema nacional coordina a los DIF municipales de las entidades federativas y de la federación, y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.
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Se considera que el DIF cuenta con los conocimientos técnicos y operativos suficientes para realizar las funciones de la secretaría ejecutiva del Sipinna, así como para elaborar el anteproyecto del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De esta manera se pretende atribuir a ese organismo descentralizado la implementación y aplicación de la política pública nacional en materia de reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
La separación entre el Sipinna y el DIF, se lee en la iniciativa, no tiene ningún sentido, ni para la planeación, ni para la ejecución o la evaluación de las políticas dirigidas a este sector social. "La duplicidad de sistemas no se justifica, pues se desdoblan funciones de manera incoherente".
Para Tania Ramírez y Saúl Arellano el DIF y Sipinna no duplican funciones, hacen cosas enteramente distintas. Para empezar, explican, el DIF no se dirige solo a menores de edad, sino también a población adulta; además su principal función es la restitución y garantía de derechos a poblaciones vulnerables que requieren de asistencia social, en tanto que Sipinna debe trabajar por los derechos de toda la niñez y adolescencia.
La iniciativa, señala Arellano, "es un mazacote que no tiene pies ni cabezas. No hay manera de fusionar ambas instituciones porque una, el DIF, es un Organismo Operativo del Estado que está sectorizado a salud y el otro es un sistema que está sectorizado a Gobernación y ambos cumplen con funciones, tienen atribuciones y mandatos completamente diferentes, que no es que sean incompatibles es que están pensados para cosas distintas".
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Ramírez es enfática en señalar que si integran Sipinna al DIF lo matan en la vía de los hechos, cortan su capacidad de articulación, porque cortan su peso político y puede representar un acto de regresividad en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
"Si se pasa al DIF va a perder la capacidad de convocar. Por ejemplo, para trabajar la agenda de violencia se citaba al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, claro si lo citaban desde un órgano de Segob, pues por supuesto que iba, pero si lo cita una unidad administrativa dentro del DIF, que hace parte de salud, pues por supuesto que no irá".
Sin embargo, Alfonso Poiré, representante de la organización Save The Children México discrepa con todo lo anterior. "El Sipinna no va a desaparecer, el sistema integral de protección establecido en la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que está presidido por el presidente de la República y que tiene en general la atribución de coordinar políticas públicas en favor de las niñas y niños, no se modifica en la iniciativa".
Añade, la iniciativa lo que plantea es que esa estructura administrativa del Sipinna pase a la dependencia del DIF. "Pero el secretario ejecutivo le tiene que seguir reportando al secretario de Gobernación y al presidente de la República, no importa en qué dependencia se ubique físicamente".
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Y agrega, "no se está modificando la naturaleza del Sipinna, ni tampoco las atribuciones ni las responsabilidades de la secretaría ejecutiva, en ningún momento la iniciativa dice se derogan tales artículos que las suspenden o modifican, ni tampoco las atribuciones que tiene el secretario de Gobernación o el presidente de la República, la iniciativa no dice que estas pasen al DIF".
La única manera de interpretar la iniciativa, señala, es que los recursos humanos, los recursos materiales, el presupuesto y todo lo que significa hoy la secretaría ejecutiva, desde el punto de vista administrativo, pasa al DIF, pero no se exime al presidente de la República ni al secretario de Gobernación ni siquiera el propio secretario ejecutivo del Sipinna de cumplir con sus atribuciones.
En lo que coinciden los entrevistados es en que más que quitarle fuerza al Sipinna lo que hace falta es robustecerlo. En este gobierno se ha apostado por su debilitamiento, de hecho hace dos años que no tienen secretario ejecutivo, y aunque el presidente debe acudir a sus sesiones, que deben hacerse al menos dos veces al año, en este sexenio López Obrador no ha acudido a ninguna.
En este momento, el Sipinna vive una crisis política que se tiene que resolver, dice Tania Ramírez, de Redim. Además, necesita mejores condiciones para funcionar. "El Sipinna no es oneroso, tiene un equipo de 51 personas y su presupuesto es la 20a parte del presupuesto del DIF. Si se necesita un equipo más grande de personas, porque además las plazas que tiene son eventuales, se requiere darle una estructura".
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Saúl Arellano dice que los pendientes que se tienen hacia el futuro, si se llega a mantener al Sipinna, es avanzar a una auténtica coordinación y a lograr que en todos los presupuestos y en todos los sistemas de planeación estatal, municipal y federal se incluyan los derechos de la niñez como una prioridad.
El académico dice que incluso, en lugar de mandarlo al DIF y poner en riesgo con esto su fuerza política, lo que se debería de hacer es crear la Secretaría de la Niñez, como una cabeza de sector, que tenga toda la capacidad para coordinar al sector educativo, al alimentario, al de medio ambiente, a todos los que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Poiré, por su parte, dice que su recomendación como organización es que lejos de buscar mantener la estructura de Sipinna como está, hay que fortalecerla. "Se debe fortalecer el papel político y el papel articulador que tiene el secretario ejecutivo del sistema y garantizar cómo se pueden afinar y articular mejor los presupuestos de las dependencias para garantizar mejor los derechos de las niñas, niños y adolescentes".
Por ahora la votación de la iniciativa, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 18 de abril y que incluye cambios no solo a Sipinna sino a 18 instituciones, se postergó, pero no se sabe si para un periodo extraordinario de sesiones o para el próximo periodo.
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