Este miércoles se hizo público un documento donde se plantean, de forma somera, los principales cambios que la iniciativa pretende introducir en el actual sistema electoral
La presidenta ha anunciado que el próximo lunes 2 de marzo va a presentar la esperada reforma electoral en la que una comisión de allegados al gobierno ha estado trabajando durante los últimos meses.
Esto representa ya casi dos meses de retraso con respecto a la fecha que originalmente había anunciado, lo cual, según se ha dicho, responde a la incapacidad de la coalición gobernante de generar los consensos necesarios con el Partido Verde y al Partido del Trabajo, sin cuyos votos Morena estaría lejos de la mayoría calificada que se requiere para una reforma electoral.
Aunque todavía no tenemos el texto de la iniciativa, este miércoles se hizo público un documento en el que se plantean, de forma somera, los principales cambios que la iniciativa pretende introducir en el sistema electoral actual.
Lo primero que hay que decir es que esta reforma no es una copia del Plan A o el Plan B presentados en el sexenio pasado. No plantea reducir el número de consejeros del INE ni desaparecer al Consejo General, no propone eliminar los organismos electorales locales ni establecer el método de selección por voto popular para consejeros. En realidad, hasta lo que sabemos, los cambios planteados por esta iniciativa de reforma consisten en tres grandes rubros: 1) Cambios al sistema de representación 2) Austeridad 3) Modernización y eficiencia.
Vamos por partes
a) Integración de la Cámara de Senadores y de Diputados
Según ha trascendido, el aspecto de la iniciativa que ha generado más ruido entre los partidos minoritarios de la coalición gobernante (Verde y PT) es la eliminación de legisladores plurinominales tal como los conocemos.
Actualmente los espacios de estos legisladores se asignan a partir de listas por circunscripción hechas por los propios partidos y que sirven para "compensar" a los partidos que reciben votos en las urnas pero que ganan pocos o nulos distritos o estados completos.
Si bien este modelo ha permitido llevar al Congreso a legisladores con capacidades técnicas que no habrían podido nunca ganar una elección, la realidad es que también ha servido para que políticos chapulines sin mucho mérito, usualmente de las élites partidistas, salten de un cargo a otro sin pasar de manera directa por las urnas.
La iniciativa de reforma presidencial plantea eliminar por completo los senadores plurinominales. De esta forma el Senado tendría solo 96 en lugar de 128 integrantes.
En el caso de los diputados, la iniciativa elimina el método de asignación por listas de partido y más bien, plantea diversos esquemas para que los 200 espacios que actualmente ocupan los plurinominales sean ahora electos de forma directa:
8 espacios serían asignados para representantes de mexicanos en el exterior (Aún no se explican detalles como si los residentes en Estados Unidos tendrán mayor representación que los de Europa o Asia, o cuánto tiempo debe vivir una persona fuera de México para poder representar a la comunidad migrante).
95 serían asignados a candidatos que los partidos propondrían en listas, pero, aparentemente, serían los ciudadanos quienes marcarían individualmente a los candidatos y candidatas de su preferencia en lugar de que sean los partidos quienes definan el orden de entrada.
Los 97 espacios restantes serían asignados a los candidatos de cada partido que perdieron en una elección pero que obtuvieron mejores resultados. Aún queda la duda aquí sobre la forma en la que se entenderá este criterio, si la asignación se hará por el número de votos obtenido o por el porcentaje de votación. Esto, aunque pequeño, puede tener relevancia pues aunque todos los distritos tienen aproximadamente el mismo número de votantes, la realidad es que los niveles de participación pueden variar ampliamente de un distrito a otro.
Los diputados y senadores de mayoría relativa no cambian ni en número ni en reglas para ser electos.
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En el caso del Senado, quienes pierden son los partidos más pequeños, o cuya base está dispersa en el territorio. Bajo este nuevo modelo, podría darse el caso de que ciertos partidos no tengan ni siquiera un senador, a pesar de haber tenido 5-10-20% de votación a nivel nacional, pues no lograron obtener el segundo lugar en ningún estado.
Otros perdedores, en ambas cámaras, son miembros de las élites de los partidos (grandes y pequeños) que suelen asignarse a sí mismos las posiciones plurinominales. Hoy en día igual Kenia López y Ricardo Anaya del PAN, que Alito Moreno del PRI, Adán Augusto López y Ricardo Monreal de Morena, Clemente Castañeda e Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano, Alberto Anaya y Yeidkol Polevnsky, Manuel Velasco y Carlos Puente del Partido Verde, son todos legisladores plurinominales, por solo poner algunos ejemplos.
Por esta misma razón, y dado que los beneficiarios son los mismos que deben palomear los cambios, la idea de modificar la asignación de plurinominales parece una tarea cuesta arriba.
En el caso del Senado, ganan los partidos mayoritarios, que aspiran a quedar siempre en primer o segundo lugar en una contienda. Hoy el único partido que cumple este criterio en todas las entidades del país es Morena.
(Bajo este nuevo modelo, si una coalición busca obtener la mayoría calificada, debe ganar el primer lugar en todas las entidades del país, o el primer y el segundo lugar- yendo como partidos separados- en suficientes de ellas como para compensar las derrotas, algo que pinta complicado.)
Adicionalmente, gana quien tiene una mayor estructura electoral: liderazgos locales, caciques electorales capaces de movilizar votos, alcaldes y gobernadores, que suelen tener un mayor arraigo territorial.
En términos más simbólicos un tercer ganador sería Morena, que podría vender la idea de que sigue desmontando las viejas estructuras de poder.
La iniciativa de reforma también plantea otros cambios al sistema político: asignar el número de regidores en función del número de habitantes de un municipio y limitar este número a 15 (actualmente hay municipios hasta con 19 regidores en el Estado de México).
Dependerá de cómo se asignan estos nuevos regidores para evaluar si verdaderamente se está atendiendo a un criterio de austeridad, o si, más bien, se busca eliminar espacios de participación de partidos pequeños a nivel local.
Por último, en este rubro, la nueva iniciativaplantea limitaciones a la reelección y al nepotismo. Estos son dos aspectos que ya se regularon en la Constitución apenas hace un año así que en esto no hay ninguna novedad, salvo que es necesario insistir en que se emitan las leyes secundarias para implementarlos.
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El segundo gran grupo de reformas tiene que ver con recortes presupuestales y de prerrogativas.
Según dice el documento, se buscaría una disminución de 25% del costo de las elecciones al reducir el presupuesto del INE, de los organismos electorales locales (OPLES), de los tribunales electorales y de los partidos políticos, a quienes también se les reducirían los tiempos de radio y televisión en campañas.
Los recortes al INEdeben vigilarse con lupa. Si bien la propuesta actual no detalla exactamente qué rubros van a ajustarse (salvo aquellos relacionados con los sueldos y bonos de consejeros electorales, por ejemplo), la realidad es que los recortes al instituto de los últimos años han ido dejando poco a poco al organismo en los huesos, trabajando solo con el mínimo y sin mucha capacidad para enfrentar el reto de organizar elecciones cada vez más grandes y complejas, ahora también de jueces y magistrados, consultas populares y para procesos de revocación de mandato, al mismo tiempo que se amplían los derechos de votantes en el extranjero, en prisión y en hospitales, etc.
Es de especial alerta el mensaje que se dio en la conferencia mañanera, asegurando que va a desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (comúnmente conocido como PREP). Este sistema, durante décadas, ha permitido contar con resultados la misma noche de la elección, lo cual reduce el tiempo de incertidumbre y el margen para un fraude al servir como base para cotejar los resultados que posteriormente se obtienen de los cómputos distritales.
En el caso de los recortes al presupuesto y tiempos de radio y televisión de los partidos políticos, habrá que ver cómo queda la nueva asignación de recursos, pero, de inicio, cualquier disminución en montos suele afectar más a quienes menos reciben, es decir, los partidos pequeños.
En el actual escenario político, en el que funcionarios de Morena han usado plataformas de gobierno para hacer campaña (según el propio INE ha señalado), el reto publicitario de los partidos de oposición es aún mayor, pues con menos presupuesto deberán competir contra toda una estructura de comunicación gubernamental. Una reducción en su presupuesto puede ser doblemente costosa en este contexto. Claro está que lo ideal sería desarrollar nuevos mecanismos para evitar que se haga campaña desde el gobierno, un tema que no se aborda en esta iniciativa.
Finalmente, el tercer gran rubro de reformas contenidas en el resumen de la iniciativa tiene que ver con la modernización del sistema electoral: ampliar las consultas populares a estados y municipios y permitir el voto electrónico en estos ejercicios, facilitar el voto desde el extranjero, dar mayores atribuciones al INE para tener acceso al sistema financiero, prohibir todas las transacciones en efectivo, prohibir los bots, regular la Inteligencia Artificial y empezar los cómputos distritales el día de la jornada.
De esta serie de ideas, que parecen tener buenas intenciones detrás, varias pueden resultar desastrosas o simplemente inútiles, si no se aterrizan con cuidado.
Tomemos, por ejemplo, la prohibición del uso de dinero en efectivo en las campañas.
Si hay algo difícil de rastear son los billetes que actualmente corren de mano en mano, a través de sobres en las campañas electorales en cantidades incuantificables. Se usan para pagar sueldos de operadores territoriales, para contratar proveedores de gorras y lonas, para organizar eventos, contratar templetes, etcétera. ¿Por qué se usa tanto efectivo? En parte, porque los límites y requisitos que establece la ley tanto para donantes como para candidatos, hacen que la gran mayoría de ellos prefiera hacer aportaciones por fuera y evitar conflictos con el INE.
El dinero que no se reporta rara vez cae bajo la lupa de las autoridades, incluso con los enormes esfuerzos de fiscalización que hace el INE. Por otro lado - y más grave- es dinero ilícito que suele entrar mediante dinero en efectivo a las campañas, ya sea de empresas o de organizaciones criminales. Es buena la intención de prohibir el dinero en efectivo de las campañas, la duda es cómo van a conseguir hacer valer esta norma cuando ya llevan décadas sin poder limitar que fluya de manera irregular. Parece que prohibirlo de forma definitiva será más bien un incentivo para que el efectivo que sí se reportaba, ahora pase a la enorme masa de dinero escondido que fluye sin conocimiento de las autoridades.
En segundo lugar, otro punto donde habrá que poner atención es la propuesta de iniciar los cómputos distritales la misma noche de la jornada. Actualmente este conteo empieza el miércoles posterior a la elección y consiste en la revisión y conteo de los votos contenidos en los paquetes electorales frente a funcionarios del INE y representantes de los partidos en los Consejos distritales.
Con la eliminación del PREP (que son resultados preliminares), la iniciativa pretende adelantar los cómputos para tener resultados oficiales más temprano. Pero esto tiene varios problemas: mientras que el PREP permite capturar los resultados de forma rápida a partir del acta de la casilla, el Cómputo requiere que el paquete de boletas esté físicamente presente en el lugar del conteo y listo para abrirse de ser necesario. Esto puede retrasar los resultados durante horas - o días incluso- en zonas remotas. Además, este modelo requiere que el mismo grupo de personas cuente los paquetes de la elección presidencial, los de senadores, los de diputados, los de ministros, magistrados y jueces, suponiendo elecciones concurrentes, algo que puede tomar días o incluso semanas en los cuales los ciudadanos no conocerían los resultados de la elección. La situación se agrava si tomamos en cuenta que los funcionarios del INE encargados de asegurarse de que todos los paquetes llegaron al consejo distrital, son los mismos encargados luego de organizar el cómputo de votos. Ahora se les exigirá que hagan ambas cosas al mismo tiempo. Peor aún si consideramos que se pretende también recortar el presupuesto del INE y- por lo tanto el personal- durante los procesos electorales.
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Por otro lado, también los partidos políticos requieren tener representantes en el conteo de paquetes, que suelen ser los mismos que están como representantes generales o representantes de casilla durante la jornada. Actualmente, los partidos aprovechan los tres días posteriores a la jornada ( antes del inicio de los cómputos), para recolectar las copias de actas que entregan todos sus representantes de casilla, a fin de cotejar que los resultados sean los mismos que los que aparecen en los paquetes electorales.
Bajo el nuevo modelo, no habría tiempo de nada de esto. Estas garantías, que los partidos han conseguido a base de una larga lucha ciudadana contra el fraude durante años, podrían borrarse de un plumazo con las modificaciones que pretende la nueva iniciativa.
En tercer lugar, vale la pena llamar la atención sobre la propuesta de regular el uso de la Inteligencia Artificial y prohibir los bots en campañas. Es cierto que México, como muchos países, ha quedado rezagado frente a un problema de desinformación que atenta contra nuestra democracia y nuestra sociedad. No cualquier regulación del internet es mala, al contrario, hacen falta regulaciones bien pensadas y aplicadas en muchos sectores, el electoral entre ellos.
Sin embargo, hay regulaciones que pueden resultar sumamente nocivas y todo dependerá del fraseo de la iniciativa de reforma. No es lo mismo, por ejemplo, prohibir que un ciudadano se exprese en internet de forma anónima sobre cuestiones políticas (lo cual es una garantía de la libertad de expresión), que prohibir que un candidato use una granja de bots para difundir información falsa en internet sobre un contrincante.
Qué se regula y a quién se regula será fundamental para evaluar la iniciativa que se presente.
En cuarto lugar, hay que celebrar que se den más facultades de fiscalización al INE, siempre y cuando se cuiden las garantías individuales. Igualmente, es una buena noticia que se amplíen los mecanismos de participación ciudadana a nivel local y que se integren nuevas tecnologías para llevarlos a cabo. El voto electrónico puede ser una gran herramienta para ejercicios de votación que actualmente generan bajos niveles de participación y para los que hay pocos incentivos de fraude.
Por último, vale la pena apuntar a una gran omisión de esta iniciativa, por lo que sabemos hasta ahora: si bien es una reforma que cubre aspectos dentro de un amplio espectro del sistema político electoral, no plantea soluciones reales para evitar el dinero ilegal de las campañas y no establece mejor coordinación entre el INE, los partidos y las fiscalías para atender el tema de la violencia política, proteger mejor a los candidatos y evitar que el crimen organizado se involucre en las campañas, lo cual es probablemente el mayor problema de nuestro sistema electoral actual.
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