Sheinbaum envió al Senado su Plan B electoral con recortes al presupuesto político, límite de regidores y revocación de mandato desde el segundo año de gobierno, aquí los detalles
Este martes 17 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conocida ya como el Plan B.
El paquete, firmado por Sheinbaum y remitido a través de la Secretaría de Gobernación, propone modificar varios artículos de la Constitución con dos objetivos centrales: reducir privilegios en el gasto público político y fortalecer la revocación de mandato como herramienta ciudadana.
La iniciativa llega una semana después de que la Cámara de Diputados rechazara la primera reforma electoral del gobierno, el pasado 11 de marzo, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
Uno de los cambios más concretos de la iniciativa apunta directamente a la cámara que ahora la recibe. La propuesta establece que el presupuesto del Senado deberá reducirse de forma progresiva durante cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2026. La reducción, aclara el texto, no podrá afectar los derechos laborales de los trabajadores del órgano legislativo.
Video: Reciben Plan B de Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum en el Senado.
Las legislaturas de los estados también entran en la ecuación: sus presupuestos anuales no podrán superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Los recursos que queden liberados por estos ajustes deberán destinarse a obras de infraestructura pública en beneficio de la población, según establece la propia iniciativa.
En el ámbito municipal, la reforma propone fijar un tope a la integración de los ayuntamientos: una sindicatura y un máximo de quince regidurías por municipio. Los ayuntamientos que al momento de la entrada en vigor del decreto ya cuenten con menos de quince regidores conservarán su composición actual.
Los ahorros generados por esta reducción deberán permanecer dentro del presupuesto del propio municipio y destinarse a servicios públicos locales y obra pública; no podrán transferirse a otro orden de gobierno.
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La iniciativa también pone límites a las prestaciones que pueden recibir los funcionarios electorales. Consejeros y magistrados del INE, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas quedarían impedidos de contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida, de pensiones privadas, seguros de separación individualizados o cajas de ahorro especiales, salvo que estén expresamente contemplados en ley, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
El capítulo de democracia directa es quizá el más visible de la iniciativa. Actualmente, la revocación de mandato solo puede solicitarse durante los tres meses posteriores al tercer año del periodo presidencial. La propuesta amplía esa ventana: el proceso podría iniciarse también al concluir el segundo año de gobierno, lo que en la práctica adelanta en un año la posibilidad de activarlo.
La fecha de la jornada también cambiaría. En lugar de realizarse el domingo siguiente a los noventa días de la convocatoria -lo que generaba fechas variables-, quedaría fijada el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, en sintonía con el calendario electoral habitual.
Otro elemento nuevo es que la persona sujeta al proceso podrá difundir la revocación y promover el voto a su favor, en los términos que establezca la ley. Como contrapeso, la iniciativa prohíbe el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda gubernamental con fines de promoción del proceso, y ordena suspender toda publicidad de gobierno en medios durante los sesenta días anteriores a la jornada.
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La iniciativa establece como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para que el Congreso y las legislaturas locales armonicen su marco jurídico con el contenido del decreto, en caso de ser aprobado. El INE y los organismos electorales locales también deberán adecuar sus disposiciones normativas y presupuestarias en ese mismo plazo.
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CT
