Los estados de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz concentran más de la mitad de los delitos de extorsión en 2024 y enero de 2025
La Cámara de Diputados recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa por la que se expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
Ley reglamentaria del artículo 73 constitucional que propone un tipo penal básico de extorsión aplicable para toda la República y que el delito se persiga de oficio.
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Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz concentraron el 61% de las víctimas de extorsión en 2024 y enero de este año.
Siendo el Estado de México el que más registró estos delitos con el 28.5%.
Las penas y multas que se aplican por este delito varían en las entidades federativas.
En Chihuahua, van de 5 y 30 años de prisión, mientras que en Oaxaca de 1 a 3 años de cárcel.
Y las multas van desde los 36 mil pesos en Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco o Michoacán, hasta 77 mil pesos en Chihuahua, Guerrero, Colima, Morelos o Tabasco, y de hasta 192 mil pesos en la Ciudad de México, y 691 mil pesos en Coahuila.
Por lo que esta nueva ley propone establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de prisión, y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 11 mil 314 pesos hasta 56 mil 570 pesos.
Y contempla 34 agravantes divididas en tres categorías.
En la primera, se propone que la pena aumente de 8 a 20 años cuando existan agravantes como cobro de piso, imposición de precios a productos y contra candidatos a un cargo de elección popular.
En la segunda categoría, la pena aumentará de 9 a 22 años y medio de cárcel cuando la extorsión se cometa contra migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o el sujeto activo tenga relación de confianza.
Y en la tercera categoría, se castigará de 10 a 25 años para el caso de 'montachoques', cuando se cometa por un servidor público, intervengan personas armadas, se utilicen a menores de edad o se afecte la economía de un estado.
También se contemplan penas a quien auxilie en estos delitos, de 4 a 12 años de prisión.
Y se establecen penas para delitos vinculados a la extorsión: a quien sin autorización introduzca a las cárceles teléfonos celulares, se les impondrá de 3 a 8 años de prisión.
Y al servidor público o autoridad penitenciaria que facilite los medios para la comisión del delito, de 8 a 20 años de prisión.
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Con información de Héctor Guerrero
ICM
