Jesuitas Esperan Medidas de Protección Dictadas por CIDH
La CIDH les dictó medidas de protección a 11 integrantes de la comunidad jesuita de Chihuahua, ahora falta que el estado y el Gobierno federal determinen cuáles serán
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La CIDH les dictó medidas de protección a 11 integrantes de la comunidad jesuita de Chihuahua, ahora falta que el estado y el Gobierno federal determinen cuáles serán
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó, el 22 de enero, medidas cautelares a 11 integrantes de la comunidad jesuita, a quienes el organismo internacional considera en grave riesgo por amenazas del crimen organizado.
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Ahora, los beneficiarios de estas medidas y sus representantes están a la espera de la reunión con autoridades federales y estatales para definir qué tipo de acciones se aplicarán, por parte del Estado mexicano, para mantenerlos a salvo.
Las medidas cautelares se dictaron para ocho sacerdotes y tres religiosas que hacen labor pastoral y de promoción de los derechos humanos en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en Chihuahua, por el riesgo inminente en el que están. Esto después del homicidio de dos de sus compañeros, y de que ellos levantaran la voz para exigir justicia y emitieran mensajes críticos sobre la situación de seguridad en la zona, asediada por integrantes de grupos criminales.
Fueron tres organizaciones de la sociedad civil los que solicitaron a la CIDH estas medidas cautelares para los 11 jesuitas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedem), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), mismas que ahora fungen como representantes de los beneficiarios.
"Existe el riesgo, existe la amenaza de parte, principalmente, del sujeto señalado como responsable de los homicidios y claro no es nada más él, tiene un equipo de seguidores, por eso nuestra preocupación y la petición de las medidas para proteger a nuestros compañeros, dice en entrevista con N+, el sacerdote Javier Ávila, conocido como el padre Pato.
Ávila es cofundador de Cosyddhac, hace su labor pastoral en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna, pero también en Cerocahui y cuenta con medidas cautelares previas a las de la emisión para sus compañeros.
Y es que, aunque hay presencia de la Guardia Nacional en la zona, y a veces acompaña a los jesuitas en sus traslados y visitas a las comunidades, Ivette Galván, coordinadora del área de Defensa del Centro Prodh asegura:
No ha habido una coordinación de los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad y es en ese sentido que tendría que generarse un mecanismo de implementación
Por el riesgo en el que están los 11 jesuitas, la CIDH solicitó al Estado de México que: concerte con los beneficiarios y adopte las medidas necesarias para garantizar su labor pastoral y proteger su vida e integridad. Tales medidas deben no solo garantizar su seguridad sino también prevenir actos de amenaza e intimidación.
Además, el Estado mexicano debe informar a la CIDH, las acciones realizadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar; es decir, el homicidio de los dos sacerdotes.
"Algo muy relevante -dice la abogada del Centro Prodh- es que partiendo de la impunidad, que a siete meses de los hechos sigue la impunidad, es que además de ordenar medidas de seguridad y protección, la CIDH también ordena el seguimiento de la investigación para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse".
Dictadas las medidas lo que sigue ahora es que los representantes de las tres organizaciones de derechos humanos que las solicitaron se reúnan con los beneficiarios para ver qué tipo de acciones se requieren y con esas especificaciones proceder a las reuniones con el Estado mexicano, explica el padre Pato.
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Fue el 20 de junio de 2022 cuando los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados, dentro de la parroquia de Cerocahui, mientras intentaban proteger a un guía de turistas que había entrado al templo buscando refugio.
En el documento en el que se establecen los alegatos para solicitar las medidas cautelares a la CIDH se asienta que este hombre era perseguido por personas armadas lideradas por un sujeto apodado El Chueco, miembro del grupo criminal Los Salazar, una célula del Cártel de Sinaloa.
Los sacerdotes Jesús Reyes y Esteban Cornejo, quienes están entre los beneficiarios de las medidas, presenciaron los hechos y sobrevivieron al ataque.
El 22 de junio de 2022, la Fiscalía de Chihuahua difundió la imagen de El Chueco, acusándolo de los delitos de homicidio y delincuencia organizada. La Fiscalía ofreció una recompensa, de 5 millones de pesos, a quien aportara información para capturarlo.
El 24 de agosto de 2022, un hombre con el rostro cubierto y que afirmó ser El Chueco difundió en redes sociales un video. En este narraba una versión distinta de los hechos en los que murieron los dos sacerdotes jesuitas y amenazaba con atacar al párroco Jesús Reyes, incendiar la comunidad y asesinar a toda persona que colabore con los padres jesuitas en los procesos judiciales.
Los solicitantes de las medidas cautelares comunicaron a la CIDH que se tienen reportes por parte de los habitantes de las comunidades aledañas a Cerocahui sobre la presencia del Chueco y de un grupo de sicarios.
"Ellos siguen en la región -dice el padre Pato- incluso se habla de que ha sido visto él mismo (El Chueco), eso personalmente no me consta, yo no lo he visto, pero se oye decir que en tal lugar lo vieron, y en tal otro".
Los integrantes de la comunidad jesuita también temen represalias por la captura de 31 personas, en el marco de un operativo para ejecutar la orden de aprensión en contra de El Chueco.
"El problema -subraya el padre Pato- es la impunidad, esta persona (El Chueco) está libre y puede hacer cualquier cosa, incluso si lo detienen pues no es difícil que deje órdenes (para agredir a los jesuitas)".
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Las medidas que el Estado debería implementar, como mínimo, es justo un plan de seguridad y protección, consensuado con los beneficiarios, que involucre a los tres órdenes de gobierno, señala la abogada del Centro Prodh, y que incluya monitoreo con cámaras y acompañamiento de la Guardia Nacional.
Además, dice Galván, las autoridades deberán de informar a la CIDH sobre el estado de la investigación de los hechos que dieron lugar a la petición de las medidas cautelares.
Este es muy importante porque si permanece, y hay que decirlo con todas sus letras, el caso en la impunidad, el riesgo puede materializarse
Por lo pronto, el padre Pato refrenda que, pese a las amenazas y el riesgo, la comunidad jesuita no solo ha decidido quedarse en la zona, sino que ha aumentado su presencia con tres sacerdotes más en la parroquia de Cerocahui.
