Estados Unidos planteó operativos conjuntos con México, el uso de militares, esfuerzos diplomáticos y el intercambio de inteligencia para atacar a grupos del narcotráfico más allá de su territorio
El gobierno de Estados Unidos delineó su estrategia contra las drogas y planteó operativos conjuntos con México y el uso de militares para atacar a las bandas del narcotráfico más allá de su territorio porque representan una amenaza a su seguridad nacional.
En un documento de 195 páginas, Washington estableció los objetivos para enfrentar a facciones delictivas que el presidente Donald Trump designó como grupos terroristas extranjeros desde el año pasado, debido a las miles de muertes por sobredosis que causan en su país.
"Esta designación no es meramente simbólica; es un detonante estratégico que replantea el enfoque del Gobierno de Estados Unidos, pasando de un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza a la seguridad nacional", se indicó.
En esencia, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) busca combatir a los cárteles mexicanos pasando de una perspectiva policial y judicial, establecida en los Títulos 18 y 21 del Código Penal de Estados Unidos, a una más amplia que incluye a las Fuerzas Armadas en un contexto de guerra, involucrando facultades bajo los Títulos 10 y 50.
"Este cambio proporciona nuevas y ampliadas facultades para atacar la totalidad de estas redes, incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas", agrega la ONDCP.
El documento explica que se combatirá a los grupos criminales no solo quitándoles drogas en la frontera con México, sino usando el tráfico de estupefacientes como la principal forma de entender cómo operan, rastreando toda la red, desde quién dirige, cómo mueven dinero, cómo transportan la droga, y quién los ayuda a hacerlo. Esto se entiende como una "defensa de múltiples capas".
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"Estados Unidos avanzará más allá de una estrategia centrada únicamente en la interdicción en la frontera y buscará atacar y desmantelar sistemáticamente a las propias organizaciones criminales mediante una campaña coordinada", agrega la estrategia.
La idea es descubrir y desmantelar toda la organización, incluyendo su liderazgo, sus redes financieras, su logística y a los "funcionarios corruptos" que facilitan sus operaciones.
Asimismo, el vecino país del norte contempla operativos con más de 10 agencias, entre ellas el FBI, el Pentágono, la Comunidad de Inteligencia, el Tesoro y el Centro Nacional de Contraterrorismo.
"La amenaza de las TCO se origina más allá de las fronteras, por lo que requiere el uso de todas las capacidades del gobierno estadounidense", se argumenta.
Sin embargo, el texto remarca que las operaciones serán bajo una cooperación sólida con "esfuerzos diplomáticos" con el gobierno mexicano, lo que descartaría acciones unilaterales y sin autorización.
En la línea de acción 3.1, la ONDCP detalló qué tipo de coordinación bilateral busca con México a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.
Aunque subrayó la necesidad de programas de capacitación, el trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera y la recopilación de información conforme a la Ley de Secreto Bancario, indicó que apoyará en operativos conjuntos contra el narco. Se trata del primer documento oficial que abre un margen amplio para que esas acciones sean en suelo mexicano.
"Asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible del gobierno de México en la identificación y desmantelamiento de las TCO (Organización Criminal Transnacional) y FTO (Organización Criminal Extranjera) que operan en su territorio", se indicó sobre los objetivos.
"Esto incluye fortalecer la coordinación bilateral frente a amenazas transnacionales mediante programas de desarrollo de capacidades para autoridades mexicanas de seguridad y justicia, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas", se apuntó.
El apoyo planteado por el gobierno de Trump parece sutil e implícito a lo largo de todo el documento, pero también se muestra como un plan bien definido de los mecanismos de ejecución bilateral con la intervención de sus agentes de manera extraterritorial.
"Un componente crítico de este esfuerzo es respaldar a nuestros socios extranjeros mientras atacan el equipo esencial para la fabricación de drogas que hace posibles estas operaciones dentro de sus países, desde el equipo para el procesamiento de cocaína hasta las prensas de pastillas y moldes utilizados por los cárteles para producir tabletas letales de fentanilo", se apunta.
México ha reiterado que cualquier colaboración con Estados Unidos será bajo el respeto irrestricto a la soberanía sin sumisión y sin que agentes extranjeros operen en territorio nacional.
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Al respecto, la ONDCP indicó que los cárteles son los que desafían la soberanía de México, debido a su dominio a base de violencia en varias zonas del país.
"Estas organizaciones operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado, empleando una violencia extrema para controlar lucrativos corredores de contrabando hacia Estados Unidos", se apuntó.
En su estrategia, Estados Unidos dijo que condicionará el apoyo a su socio del sur, siempre y cuando proporcione resultados en la detención y extradición de delincuentes.
"Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas para detener, procesar y extraditar a líderes de FTO, así como para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas", agregó.
Lo anterior se da luego de que el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum retrasó la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, acusados la semana pasada de nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentaron que Estados Unidos no proporcionó pruebas sólidas en su solicitud y le demandaron que las proporcione para analizar la viabilidad de los arrestos.
En primer lugar, establece que su frontera con México es el epicentro de la mayor amenaza de drogas sintéticas para los ciudadanos estadounidenses. Esto, a pesar de que se reconoce que las muertes por sobredosis bajaron 25% en el periodo hasta octubre de 2024. Sin embargo, se reportan 84 mil 76 fallecimientos vinculadas al consumo de drogas, para resaltar la gravedad del problema.
En otro apartado, se afirma que una prioridad clave es detener el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, ya que los fusiles fortalecen a las organizaciones criminales transnacionales. Para ello, las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, con apoyo de la ATF, liderarán investigaciones para desmantelar las redes de contrabando.
Se priorizará la identificación y desmantelamiento de centros de almacenamiento y distribución de drogas en comunidades fronterizas de Estados Unidos, ya que son nodos logísticos clave para las organizaciones criminales y facilitan el contrabando.
Las investigaciones sobre TCO derivadas de decomisos en la frontera serán coordinadas por grupos de trabajo regionales (HSTF), para que cada incautación no sea el final, sino el inicio de investigaciones integrales lideradas por HSI y la DEA, enfocadas en desmantelar estructuras criminales mediante acciones judiciales, financieras y aseguramientos.
Un eje importante es atacar la producción de drogas en su lugar de origen, como la destrucción de narcolaboratorios de fentanilo y metanfetaminas.
Se identifica al fentanilo como la mayor amenaza por su potencia extrema y facilidad de transporte en pequeñas cantidades, lo que dificulta su detección en puntos de entrada oficiales, que es como buscar "una aguja en un pajar". La mayoría de las drogas no cruza por rutas kilométricas del desierto vigilado, sino por puertos de entrada legales, ocultas en vehículos o mezcladas con carga comercial, lo que genera un problema de detección muy complejo para las autoridades fronterizas. A esto se suma el uso creciente de drones para el contrabando de narcóticos.
La ONDCP coordina 19 agencias federales y un presupuesto de 44 mil millones de dólares para enfrentar la adicción y las sobredosis, además de destinar fondos a comunidades mediante programas contra el tráfico de drogas y de prevención.
Su titular es Sara A. Carter, conocida como la "Zar antidrogas" de Estados Unidos, quien se reunió en Palacio Nacional con el Gabinete de Seguridad federal encabezado por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch el 24 de febrero pasado. En aquel encuentro, felicitó a México por el operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Igual se busca identificar y desmantelar las estructuras de mando, transporte y distribución de estas organizaciones que operan fuera de Estados Unidos. En específico se combinará inteligencia nacional con operaciones tácticas para anticipar y actuar de manera proactiva. Se establecará un Centro Nacional de Coordinación que funcionará como eje operativo para reunir y convertir información en inteligencia útil, con énfasis en la frontera con México. La información sobre estas organizaciones se compartirá con el Centro Nacional de Contraterrorismo.
También se habla de un sistema de seguridad en capas que aproveche tecnología avanzada e infraestructura física para impedir que las organizaciones criminales operen con libertad en o entre los puertos de entrada.
