Proponen Blindar la Pensión Adultos Mayores 2026 y Frenar los Robos por Hijos o Nietos
La iniciativa contempla castigos que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre 200 y 500 días
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La iniciativa contempla castigos que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre 200 y 500 días
En México, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los principales pilares de la política social. Sin embargo, este apoyo económico también ha expuesto a miles de personas a una forma de violencia poco visible: la explotación financiera, un delito que suele ocurrir dentro del entorno familiar y que, hasta ahora, permanece en gran medida impune.
Ante esto, la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para adicionar disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de prevenir y sancionar de manera específica el abuso económico contra este sector de la población.
Datos de instituciones como la UNAM, el INEGI y la Condusef revelan la magnitud del problema: al menos tres de cada diez personas adultas mayores han sufrido algún tipo de maltrato, y una proporción significativa corresponde a violencia económica.
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Retención de tarjetas bancarias, uso no autorizado de la pensión, fraudes digitales y presiones emocionales para obtener dinero son prácticas frecuentes, muchas veces ejercidas por hijos, nietos o cuidadores. El marco legal actual resulta insuficiente, ya que el delito de abuso de confianza se persigue solo por querella, lo que obliga a la víctima a denunciar a un familiar del que depende.
La iniciativa plantea crear un tipo penal específico denominado "Explotación Financiera de la Persona Adulta Mayor" dentro del Código Penal Federal, reconociendo la especial vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de la relación de confianza.
El eje de la propuesta es la incorporación de un nuevo apartado al Código Penal Federal, mediante la creación del Capítulo III Quater, titulado "Explotación Financiera de Personas Adultas Mayores", así como la inclusión del artículo 390 Ter, con el que se busca tipificar de manera expresa esta conducta.
En este nuevo marco legal se establece que comete delito quien, valiéndose de una relación de confianza, autoridad o ventaja -derivada del parentesco, la tutela, una relación laboral o cualquier forma de dependencia- haga uso, controle o se apropie de manera indebida de los bienes, recursos económicos o pensión de una persona mayor de 65 años, sin que medie un consentimiento libre y plenamente informado.
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La iniciativa contempla castigos que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre 200 y 500 días. Las sanciones se agravarían hasta en un 50 por ciento cuando la persona afectada presente alguna discapacidad o limitación que le impida comprender plenamente los hechos o defenderse del abuso.
Uno de los cambios centrales es que este delito se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que la persona afectada presente una denuncia formal.
Además, se propone reforzar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar medidas de prevención, incluyendo la obligación de las instituciones financieras de establecer protocolos de detección temprana de operaciones irregulares que puedan indicar explotación o fraude.
De aprobarse la iniciativa, el Estado contaría con herramientas penales claras para investigar y sancionar la explotación financiera contra personas adultas mayores en todo el país. Cualquier ciudadano, funcionario o trabajador social podría alertar a las autoridades, reduciendo el riesgo y la carga emocional para las víctimas.
Al mismo tiempo, los bancos pasarían a ser actores clave en la prevención, al identificar y reportar movimientos sospechosos.
La propuesta también incorpora una perspectiva de género, al reconocer que las mujeres mayores -quienes suelen vivir más años, tener menos ingresos propios y mayores niveles de dependencia- son las principales víctimas de este tipo de violencia. Con ello, se busca garantizar que los recursos de la pensión realmente cumplan su propósito: asegurar una vejez digna, autónoma y libre de violencia económica.
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