Vecinos de Xochimilco y otras zonas de la ciudad confrontaron a autoridades federales y capitalinas, ante la falta de claridad sobre la posible aplicación de nuevos gravámenes a predios
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Vecinos de la alcaldía Xochimilco y de otras zonas de la ciudad que acudieron a un foro sobre el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana confrontaron a autoridades federales y capitalinas, ante la falta de claridad sobre la posible aplicación de nuevos gravámenes a predios considerados abandonados, subutilizados o sin construir.
Ramiro Dehesa Sánchez asegura que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que las autoridades pretenden implementar afectará a 250 familias que habitan en la zona chinampera de Santa Rosa y Santiago Chililico, en la alcaldía Xochimilco.
Afirma que llevan 27 años realizando trámites ante el Gobierno de la Ciudad de México para regularizar los asentamientos humanos sin tener respuesta.
“Los que vivimos aquí, somos los que vamos a resultar afectados en territorio y en la parte económica”, indicó.
Este jueves, Ramiro y su familia, acudieron a participar en la consulta pública del proyecto que pretende cambiar el uso de suelo, incrementar el pago de predial, establecer nuevos gravámenes y subastar predios abandonados o subutilizados en 84 alcaldías y presidencias municipales de la zona metropolitana del Valle de México.
“Ya leímos el documento y creo que hay algunos aspectos que nos brincan. Si mi predio, tenemos casi 500 metros cuadrados de terreno, vivienda, 100 metros. Entonces estoy subutilizado. Me van a aplicar un impuesto mayor”, explicó Jaime Dehesa Sánchez.
Funcionarios de la Sedatu y de Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana capitalina se dedicaron a proyectar diapositivas y hablar de la desigualdad social, la falta de viviendas, los problemas del transporte que se vive en la Ciudad de México y municipios del Estado de México e Hidalgo. Sin embargo, no fueron concretos en responder las inquietudes de los posibles afectados.
Leticia Herrera de la Sedatu señaló:
“Son viviendas que no son para nosotros, son para rentar para poner al servicio. Porque la vivienda ya no es un derecho, se volvió una mercancía. Así se ve la desigualdad. Entonces tenemos zonas muy ricas y zonas muy pobres, pegadas."
Explicaron que el incremento a los valores catastrales ya estaba en la ley desde 1999 y que solo lo retomaron para dotar de recursos a los gobiernos municipales.
Por su parte Francisco de Aguinaga Padilla, consultor privado contratado por Sedatu, indicó:
“Por eso digo que es algo que este programa simplemente lo retoma, pero eso ya está en la ley”.
Los asistentes preguntaban sobre el incremento al pago del predial, las subastas de predios abandonados, subutilizados o en ruinas que pretenden subastar en caso de que los propietarios no construyan en un periodo de entre 2 y 4 años, como señala el proyecto. Así les respondieron:
“Son por ejemplos predios que tienen una construcción en ruinas, que tienen una construcción en ruinas y esa construcción está cercal del Metro, tiene Ecobici, tiene servicios, es mejor que se construya ahí que en otros lados”, indicó, Francisco de Aguinaga Padilla.
Un habitante de Xochimilco cuestionó sobre en qué se basa para considerar si una construcción está en ruinas.
Ante la falta de claridad, creció la molestia entre los asistentes.
Francisco de Aguinaga Padilla, aseguró que se realiza una consulta pública:
“Estamos haciendo una consulta pública y una consulta indígena en los distintos pueblos”.
En tanto, Carlos Martínez, habitante de Xochimilco, lo cuestionó:
“¿A qué consultas te refieres? ¿Dónde están las consultas?”
Los asistentes denunciaron que no consultaron a los 14 pueblos y 17 barrios originarios de Xochimilco y que los foros están siendo manipulados.
Activistas de organizaciones civiles que acudieron al foro denunciaron que las autoridades están institucionalizando el llamado “moche”.
Como lo refiere Dinora Domínguez, de la Organización Civil SUMA URBANA, CDMX:
“Tú puedes llegar como un desarrollador y decir ahora quiero un uso de suelo donde voy a pagar al gobierno para hacer un edificio de 20, 30 pisos”.
Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.
LECQ
