La indagatoria apunta que los elementos de la Policía Municipal golpearon y retuvieron a la víctima, quien había grabado y cuestionado los motivos de una detención; podrían enfrentar 30 años de cárcel
Riche Joannan "N", María Fernanda "N" y Eder Joaquín "N", quienes eran elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, fueron vinculados a proceso en el Estado de México por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de una mujer trans, quien habría sido golpeada y retenida luego de que grabara y preguntara los motivos de una detención.
De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, el 27 de julio de 2025, la víctima se encontraba sobre avenida Parque de Chapultepec, en el municipio mexiquense, cuando se percató que policías forcejeaban con dos mujeres y un hombre. Se acercó a los elementos y preguntó cuál era el motivo de la detención. Ellos respondieron que no se involucrara.
Por tal motivo, indica la investigación, la víctima comenzó a grabar con su celular y los probables responsables la agredieron física y verbalmente. Posteriormente, solicitaron apoyo de otras unidades policiacas; al llegar los refuerzos, descendieron María Fernanda "N" y Eder Joaquín "N", quienes sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video.
Después la subieron a la patrulla en el asiento trasero y la esposaron, para después dirigirse con dirección a la colonia San Miguel Atoto, en donde los hoy investigados comenzaron a golpearla en diversas partes del cuerpo para después obligarla a bajar de la unidad.
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Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía del Estado de México inició las averiguaciones correspondientes para identificar a los probables responsables, por lo que, al contar con la información suficiente, solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de María Fernanda "N", Riche Joannan "N" y Eder Joaquín "N", por su probable participación en los ilícitos de abuso de autoridad y tortura.
Al cumplimentarse el mandato judicial, los investigados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad, quien, tras analizar los datos aportados y recabados por la Fiscalía, determinó su vinculación a proceso y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.
En caso de resultar responsables, podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y nueve años por el ilícito de abuso de autoridad.
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