Quienes sobreviven a una tentativa de feminicidio tiene que librar una larga batalla para obtener una justicia que se queda corta, y en la que está ausente la protección y las medidas de reparación.
Carlos azotó la cabeza de Yeritza Bautista contra una barra desayunadora de concreto. La mandíbula de la mujer se abrió, tuvo exposición de encía y perdió cinco dientes. Ese fue solo uno de los muchos golpes que su agresor y entonces pareja le propinó aquella noche de febrero de 2020, seguro de que ella le había coqueteado a otro hombre. Por la golpiza tuvieron que hospitalizarla.
En la cama del hospital, Yeritza escuchó la voz de Carlos amenazándola una vez más. "Que te quede claro que tienes que decir que te caíste de la escalera, porque tú ya viste lo que puede pasarte, y no me vas a dejar, saliendo nos vamos a la casa", recuerda que le dijo.
La mujer estaba aterrada, temía no solo por ella, sino por la vida de su familia. El agresor ya había amenazado también con que si decía algo o lo dejaba, ellos también lo pagarían. Así que Yeri asintió a todo lo que él le dijo. Saliendo del hospital se fueron a la casa que compartían.
La violencia siguió. Carlos la encerraba en el cuarto, no la dejaba bañarse con agua caliente y no podía tomar cosas de la despensa, aún con la mandíbula lastimada y sin cinco dientes, solo le permitía comer Doritos. La mujer pesaba ya solo 39 kilos.
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Yeri, quien vive en Ciudad de México y tiene ahora 36 años, conoció a Carlos en el trabajo, en una firma de contaduría. Empezaron a salir, se hicieron novios. Él era encantador, carismático. "Pero con el paso de las semanas fue cambiando, empezaron los celos sin razón, se volvió posesivo, la alejó de su familia y sus amigos. Después vinieron los golpes.
El 22 de marzo de 2020, Carlos volvió a atacar a Yeritza, otra vez por celos infundados. Ella le dijo que iba a denunciarlo, que ya no podía más, que iba a decir todo. El agresor llamó a sus padres, quienes habían atestiguado la golpiza de febrero y muchas otras agresiones a la mujer. Llegaron con actitud amenazante hacia ella.
Yeritza alcanzó a llamar también a su familia, pero mientras llegaban y en el punto máximo de la agresión, Carlos la tomó del cuello y la llevó así por un pasillo angosto hasta la cocina.
Ahí me estaba ahorcando. Me dijo, te voy a matar. Pero en eso su papá le gritó, ya suéltala, ahí viene la policía.
La familia de Yeri había llamado a las autoridades, quienes llegaron junto con ellos. Trasladaron a todos al Ministerio Público. Ahí empezó otro calvario para la mujer. La Ministerio Público que la recibió se negaba a tipificar el delito como tentativa de feminicidio, pese a que los policías encontraron a Carlos prácticamente en flagrancia.
La MP le dijo a Yeri que pensara bien lo que iba a hacer, que considerara que metería a la cárcel a su esposo (lo que no era correcto porque no estaban casados) y que seguro todavía lo quería y por eso lloraba. "Trató de convencerme de que la denuncia fuera por violencia familiar, cuando él trató de matarme".
Uno de los principales obstáculos con los que se topan las sobrevivientes de tentativa de feminicidio es la renuencia de las autoridades a tipificar este delito como tal. En la mayoría de los casos quieren ponerlo como violencia familiar o como lesiones, que son delitos menores a la tentativa y con menores consecuencias. Son muy pocos los casos en los que se clasifica como se debe, dice Lourdes Castellanos, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
"Las instancias de atención temprana que escuchan a la mujer minimizan la violencia que viven, ponen mal el tipo penal y casi siempre la vieja confiable es violencia familiar, sobre todo si el agresor es una persona con quien se tiene una relación sentimental o el hermano o el vecino incluso", dice Ana Valderrama, integrante del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio, organización de la sociedad civil apoyada por Fondo Semillas.
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Esto de tipificar mal sucede, dice la abogada del OCNF, porque las autoridades consideran que es difícil acreditar la intención de quitarle la vida a la víctima, porque no aplican la perspectiva de género, porque no consideran los antecedentes de violencia y porque no aplican los estándares internacionales ni la debida diligencia.
En el Código Penal Federal no se considera como tal la tentativa de feminicidio, solo se considera la tentativa para todos los delitos, pero para que lo clasifiquen como tal se necesita acreditar que había intención de privar de la vida a la víctima, que el sujeto se detenga solo por una causa externa y no por voluntad propia y que haya cáusales como las del feminicidio, que se considera así si existen razones de género, es decir si hubo lesiones infamantes, violencia previa, si existió una relación sentimental entre la víctima y el agresor, si existieron amenazas directas relacionadas al delito o si la víctima fue incomunicada, entre otras.
Solo hay seis estados que sí consideran en sus códigos penales como tal la tentativa de feminicidio, con un apartado especial para esto: Yucatán, Morelos, Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla.
Una prueba de que la tentativa de feminicidio no se está tipificando con se debe es la estadística nacional, en la que las carpetas se abren en la mayoría de los casos por violencia familiar o lesiones. En todo el país se registraron, hasta octubre de 2023, 220 mil 201 denuncias por violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque en esta estadística no se identifica si las víctimas fueron hombres o mujeres, pero estas son mayoría.
Mientras que por lesiones, contra mujeres, se interpusieron 53 mil 208 denuncias y por tentativa de feminicidio, de acuerdo a información recabada a través de solicitudes de información realizadas por N+, porque el Secretariado no registra este delito, se abrieron solo 639 carpetas de investigación, de enero a octubre de 2023. Aunque hay que especificar que Aguascalientes, Durango, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz no entregaron información al respecto.
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En la Ciudad de México, donde vive Yeri, en 2023 hubo 29 mil 328 denuncias por violencia intrafamiliar. Por lesiones se abrieron en la capital mil 106 denuncias. Y por el delito de tentativa de feminicidio se abrieron solo 83 entre enero y octubre de este año.
Un golpe de tiempo benefició a Yeri. Hubo cambio de turno: salió la MP que estaba y entró otro, un hombre, que le tomó una larga declaración de cuatro horas y le dijo que si ella no se echaba para atrás, el caso se iría por tentativa de feminicidio, así sucedió.
Yeri se considera afortunada porque ya se emitió una sentencia en el caso, aunque a Carlos N le dieron solo 11 años y 8 meses de prisión. Tiempo que puede bajar a 8 años si el agresor tiene buena conducta y cumple con algunos programas.
Como ya lleva cuatro años en la cárcel, en cuatro años más va a salir y ya la Fiscalía me dijo que será mejor que me vaya a otro estado o a otro país. Yo no quiero irme, aquí está mi familia, mis amigos, mi trabajo, lo que me queda de vida. Me parece súper injusto que yo tenga que huir para mantenerme a salvo.
Las autoridades, dice la abogada del OCNF, no toman en cuenta el riesgo en el que está la vida de la mujer, "les dan a los agresores penas menores y beneficios preliberacionales con los que pueden salir rápido y muchos lo que hacen es salir e ir a buscar a la víctima para privarla de la vida".
Además de la zozobra por tener que irse, Yeri tiene que lidiar con las secuelas de los ataques que sufrió. Tuvo que pagar por una prótesis dental por los cinco dientes que perdió. Pero esa prótesis ya se desgastó y no funciona para poder masticar, para morder, así que sus dientes del lado izquierdo se están desgastando por ser con los únicos con los que hoy puede masticar. Necesita los implantes para poder comer.
En 2021 se firmó un acuerdo entre la Fiscalía y la UNAM para proveer estos implantes, un acuerdo que se pausó por la pandemia. Se suponía que en este año se iba a reactivar, pero resultó que el oficio en el que se autorizaba se perdió y ambas instituciones alegan que no pueden hacer nada sin ese papel.
Me dicen qué hay que volver a gestionarlo, empezar de cero, poner nuevamente mi salud en pausa, porque mi salud y la de muchas víctimas no es su prioridad y así llevo meses esperando, buscando respuestas.
La mujer tiene además secuelas psicológicas. Necesita atención psiquiátrica y medicamentos. Pero la Fiscalía solo le da terapias con una psicóloga, así que ha tenido que buscar dónde atenderse y cómo pagar los fármacos.
Dice que tiene la vida detenida. "Para las sobrevivientes de feminicidio no hay justicia, las penas que les dan a los agresores, cuando se les antoja clasificar el delito como deben, son mínimas, no hay protección efectiva para nosotras, tenemos que mudarnos y escondernos para mantenernos a salvo, tampoco hay reparación integral del daño, y ni siquiera contamos, no hay un registro de nuestros casos en la estadística oficial, estamos invisibilizadas".
Encima la sobreviviente de tentativa de feminicidio no puede acceder a la reparación monetaria que su agresor o el Estado deberán pagarle, porque todavía él puede apelar la sentencia, es decir el proceso no ha terminado. "No, no me mató, pero esto no es vida sin justicia ni reparación", dice Yeri.
Astrid Sánchez le abrió la puerta de su casa a su expareja sin imaginar que intentaría matarla. Ella había terminado la relación que tuvo con él durante año y medio. Un par de meses después del rompimiento, Edwin fue a buscarla y le pidió hablar, le dijo que lo escuchara por última vez y que la dejaría en paz.
Ella estaba sola en casa aquella noche de abril de 2022. Era Semana Santa. Su mamá y hermana habían salido de vacaciones. Edwin seguramente lo sabía por las fotos que postearon en sus redes sociales y de las que él estaba pendiente. "Lo dejé entrar a la casa y platicamos un buen rato. Me dijo que estaba muy mal por la ruptura, que no podía ni comer. Yo le confesé que estaba mejor sin él".
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Astrid cuenta que no la había agredido directamente durante la relación. Pero era muy celoso y posesivo, cuando peleaban rompía cosas y se autolesionaba. Después le pedía perdón. Le echaba la culpa de sus arranques al alcohol y las drogas que consumía.
Cuando Astrid le dijo que definitivamente no iba a regresar con él, Edwin se le fue encima y la empezó a ahorcar.
Yo trataba de respirar, con el poco aire que me entraba, le dije, no, perdóname, sí vamos a regresar, todo va a estar bien, yo voy a estar contigo. Solo así me soltó.
Lourdes Castellanos, la abogada del OCNF, dice que el hecho de que la mujer le prometa a su agresor volver con él, si puede considerarse como un factor externo que detiene el ataque y por lo tanto este sí debe considerarse como una tentativa de feminicidio.
Pero a Astrid, quien vive en Yucatán, le costó mucho que este se tipificara así. "Después de que dejó de ahorcarme, le dije que al otro día hablaríamos con calma, que todo estaría bien, pero que se fuera a dormir, accedió y se fue. Yo me fui a denunciar. La ministerio público escuchó mi declaración sin siquiera voltearme a ver. Yo le decía que había muchos antecedentes de violencia y ella me decía que eso no importaba, solo él hecho que quería denunciar".
El delito se clasificó como violencia familiar. Como Astrid es periodista, ella y sus compañeros empezaron a sacar notas de su caso. Solo así la Fiscalía la llamó para ofrecerle apoyo. "La fiscal que tomó el caso me dijo, oye, los testigos que llamamos han dado más información que tú, yo le dije que eso era porque cuando me tomaron mi declaración me dijeron que los antecedentes no importaban".
Fue ahí cuando Astrid encontró a la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio y recibió asesoría para que su delito se clasificara como se debe. Pero la jueza insistía en que el delito era en todo caso lesiones.
Astrid tuvo que contratar a un abogado privado, experto en defensa de mujeres víctimas de feminicidio, y apelaron la decisión de clasificar el delito así. En la apelación, una sala del tribunal les dio la razón y vincularon al agresor por tentativa de feminicidio.
Si no hubiéramos hecho todo eso y si no hubiera tenido todo el apoyo que tuve, lo hubieran dejado como violencia familiar o como lesiones, que es lo que hacen en la mayoría de los casos aquí en Yucatán, nueve de cada diez casos de los que se clasifican como violencia familiar o lesiones deberían ser tentativa, pero las autoridades no lo están tipificando.
De hecho, Yucatán es de los estados que menos carpetas de investigación abre por violencia contra las mujeres. De acuerdo con datos del Secretariado y respuestas a solicitudes de información hechas por este portal, en ese estado, en 2023, se abrieron solo 20 carpetas de investigación por violencia familiar, 18 por lesiones dolosas, contra mujeres, y ocho por tentativa de feminicidio.
Aunque Astrid logró que el delito se clasificara así y aunque Yucatán es uno de los estados que sí lo considera como tal en su código penal, Edwin no ha pisado la cárcel. El proceso judicial sigue y como el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, el agresor está libre.
De hecho se amparó contra la vinculación por tentativa de feminicidio, le negaron el amparo y metió recurso de revisión y en eso está el proceso. Como Edwin está libre a Astrid le asignaron medidas de protección, le pusieron un custodio que la acompañaba 24x7, aun así un día que acudió a un restaurante, el agresor llegó al lugar y se sentó en la mesa de junto.
Se supone que el custodio lo conocía, y que no debió haberlo dejado pasar, pero aun así de pronto estaba en la mesa de al lado, al final yo y mis acompañantes le explicamos a la mesera que no podía estar ahí y por qué, tuve que enseñarle la orden, y lo sacaron, pero el custodio no está ni capacitado.
Astrid dice que le han dado episodios de ansiedad, de hecho toma medicamentos para esto y ha diseñado, junto con su psicóloga un plan de seguridad. "Toda la gente con la que salgo tiene que conocer a mi agresor y poder identificarlo si lo ven, yo también tengo que llegar a cualquier lugar y fijarme si no está, para extremar medidas, me pasa entonces, por ejemplo, que cuando hay mucha gente en un sitio, me pongo muy tensa, porque siento que no alcanzo a identificar si está o no por ahí".
La abogada del OCNF dice que las medidas de protección que le dan a las víctimas son solo un papel que no sirve de mucho. "Es casi un, ah, sí, ten tu código águila y déjame en paz, y los policías van checan la casa de la víctima en un cierto horario, ya tienen como una rutina, y los agresores pueden fácilmente identificarla e ir cuando no andan en rondín, así que las mujeres están siempre en mucho riesgo".
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Ana Valderrama, integrante del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio, del que tanto Yeri como Astrid forman parte, dice que el país tiene una deuda enorme con estas mujeres. "A ellas ni siquiera las nombra, no hay ni una estadística oficial donde se registré el delito, están totalmente invisibilizadas, les dicen que agradezcan que están vivas, porque muchas no lo logran, y en realidad no obtienen ni la justicia debida, ni la protección que necesitan ni la reparación integral del daño".
Ahora Astrid ya no tiene custodio y se supone que policías iban a estar rondando su casa, pero fueron unas veces y ya no regresaron. Dice que seguirá pendiente de cómo termina el proceso penal, porque aún está en curso y mientras trata de seguir su vida, pero es difícil. Yeri en este momento está concentrada en que le den su implante y en pegar los pedacitos en los que quedó su vida, mientras tiene que huir a otro estado.
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