En México Siguen Desapariciones de Estado en Complicidad con el Crimen Organizado, Señala CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica el informe “Desaparición de Personas en México”
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica el informe “Desaparición de Personas en México”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy, 11 de mayo de 2026, un informe en el que señaló que en México siguen las desapariciones forzadas, es decir, las cometidas por funcionarios estatales, en complicidad con el crimen organizado.
Las desapariciones forzadas "aún no han sido del todo erradicadas", sino que hay varios casos en los que éstas "habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas".
Así lo indicó en su informe "Desaparición de Personas en México", en el que también relevó las distintas políticas e iniciativas impulsadas por el Estado para prevenir, buscar, investigar, sancionar y reparar estos hechos, con 40 recomendaciones para procurar su fortalecimiento.
De acuerdo con un comunicado, la CIDH encontró que la práctica de desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos.
Al cierre de su informe ―junio de 2025― dijo que se contabilizaron más de 128 mil personas desaparecidas, mientras que conteos independientes calcularon más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.
Añadió que la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, al crimen organizado, pero las desapariciones forzadas no se han erradicado por completo.
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La CIDH también indicó que la desaparición afecta a varios sectores sociales, y señaló algunos de los principales.
Por ejemplo, evidenció las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado.
Así como las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género
Las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.
Ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó además que "la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias".
"A pesar de esfuerzos recientes en el acceso a la justicia, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, estos aún son limitados frente a la magnitud del fenómeno", señaló.
Añadió que la prevención es uno de los principales desafíos frente a la desaparición, por lo que en su informe ponderó la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025, que adopta una política denominada de "atención a las causas".
En su informe, la CIDH identificó desincentivos y el miedo en la interposición de denuncias, o una inversión de la obligación de investigación hacia las familias. "La Comisión plantea que varios de estos retos son subsanables si se recupera la centralidad de las víctimas y sus familias".
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En el rubro de la búsqueda de personas desaparecidas, la CIDH dijo que valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos, pero también identificó graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras.
"La Comisión pondera la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde el 2020, aunque señala la persistencia de desafíos en la coordinación entre las entidades de búsqueda y las de procuración de justicia", expuso.
Dijo que además se requiere el fortalecimiento de los centros de identificación para mejorar su funcionamiento, que incluya la aplicación de un enfoque masivo de identificaciones.
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Sobre las recomendaciones, la CIDH dijo que éstas abarcan varios aspectos:
Medidas para evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales.
Para abordar la búsqueda inmediata diferenciada de personas, así como la investigación y sanción.
La implementación del enfoque masivo en la identificación humana.
La coordinación interinstitucional e interoperabilidad de registros y bancos de datos.
El resguardo y entrega digna de cuerpos.
El acceso efectivo a apoyos económicos para las familias buscadoras.
El abordaje de iniciativas de memoria, verdad y justicia sobre desapariciones del pasado y del presente, incluida la colaboración de instituciones de seguridad e inteligencia en la provisión de información.
Por su parte, la Cancillería mexicana refirió que durante la presentación del informe en la Ciudad de México, la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, aseguró que el documento reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar del escrutinio internacional en la materia.
La SRE dijo que todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia y México no es la excepción.
Sin embargo, indicó, para la Comisión Interamericana "hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros".
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Con información de N+.
spb
