El Tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, fue reconocido en uno de los momentos más delicados de sus casi 25 años de historia
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El premio Sájarov a la libertad de conciencia, el principal galardón europeo de derechos humanos, fue otorgado a la Corte Penal Internacional (CPI), sometida al acoso y a sanciones del presidente estadounidense Donald Trump, anunció este jueves la presidenta del Parlamento Europeo.
"La Unión Europea se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales", declaró Roberta Metsola en el hemiciclo de Estrasburgo. Destacó asimismo "el importante trabajo realizado para garantizar el respeto del derecho y la justicia a escala internacional".
El premio para la Corte Penal Internacional, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.
Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente en el voto a puerta cerrada la CPI ha obtenido una "mayoría de los votos emitidos", con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.
Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, dijo a EFE una fuente parlamentaria.
Junto a Lissu, quedan como finalistas las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán.
La CPI nació del Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, como el primer tribunal penal internacional permanente encargado de juzgar altos cargosacusados de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también situada en La Haya, que resuelve disputas entre países, la CPI procesa a individuos cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar esos crímenes.
Sus 125 Estados miembros están obligados a cooperar con sus investigaciones y órdenes judiciales, aunque el tribunal carece de policía propia y depende de los gobiernos para detener a los sospechosos.
Durante sus primeros años, prácticamente todos sus procedimientos se concentraron en África, lo que alimentó acusaciones de #doble rasero#.
En 2012 logró su primera condena, contra el congoleño Thomas Lubanga por reclutar niños soldados, mientras que la orden de arresto de 2009 contra el entonces presidente sudanés Omar al Bashir marcó un precedente al perseguir a un jefe de Estado en ejercicio.
La guerra en Ucrania situó a la CPI en el centro de la geopolítica cuando, en 2023, ordenó detener a Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Un año después emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Israel y Estados Unidos, que no forman parte del tribunal, rechazan su jurisdicción sobre ciudadanos israelíes, pero la CPI puede investigar delitos cometidos en territorio palestino porque Palestina es Estado miembro.
La Corte también confirmó en abril tres cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte por asesinatos relacionados con su campaña contra las drogas. Su juicio está previsto para noviembre.
Además, este mes hizo públicas cuatro órdenes de arresto contra dirigentes talibanes, incluido su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres y niñas y de quienes desafían las políticas de género del régimen afgano.
A las presiones exteriores se suma una crisis institucional: Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu, fue apartado definitivamente en julio tras una investigación disciplinaria por conducta sexual indebida, que él niega.
Pero la CPI continúa sus procedimientos, incluidos los relacionados con el fugitivo ugandés Joseph Kony y los crímenes cometidos en República Centroafricana.
El Sájarov, concedido desde 1988 a defensores de los derechos humanos, reconoce así a una institución que afronta una paradoja: puede ordenar la detención de algunos de los hombres más poderosos del mundo, pero no tiene medios propios para ejecutarla.
La Corte advirtió hace unos días de que no puede resistir sola: "Su destino está ahora también en manos de los países que la crearon".
Con información de Agencias
ASJ
