El caso de Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, abrió el debate sobre la eficacia y humanidad de este método de pena capital
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A una semana de la aplicación de la pena de muerte contra Christa Pike en Tennessee, los abogados de la sentenciada informaron que estaba consciente y hablaba.
Este caso es el segundo fallido en el estado en cinco meses, pues en mayo, Tony Carruthers no pudo ser ejecutado. A diferencia de Christa, la pena se suspendió tras no poder canalizarlo para suministrarle el fármaco.
De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés), el caso de Pike resalta porque ningún preso en la era moderna de la pena capital (1976) había sobrevivido a la inyección letal.
"Siete personas antes de la señora Pike habían sobrevivido a intentos fallidos de ejecución, pero en todos ellos, la ejecución se suspendió debido a las dificultades para colocar una vía intravenosa y nunca se administraron fármacos", se lee en el portal de la organización.
Menciona el caso de Clayton Lockett, en 2014, a quien el estado de Oklahoma le aplicó la inyección letal, a la cual sobrevivió en una primera oportunidad. Sin embargo, terminó perdiendo la vida por un ataque al corazón cuando todavía estaba en la plancha de ejecución.
En su libro Gruesome Spectacles: Botched Executions and America's Death Penalty (2014), del profesor y jurista Austin Sarat detalla que entre 1890 y 2010, el 3% de las ejecuciones totales fueron fallidas, y la inyección letal, que apenas apareció en 1977, tenía el promedio más alto en este rubro, con el 7.2%.
Solo como referencia, el pelotón de fusilamiento tuvo un cero por ciento de fallo, seguido de la electrocución (1.92%) y el ahorcamiento (3.12%).
Mientras que en un recuento publicado por la DPCI, el profesor Michael L. Radalet, quien dejó claro que no era un catálogo exhaustivo, asentó 65 ejecuciones o intentos de ejecución: 3 por asfixia, 10 por electrocución y 52 por inyección letal, ocho de ellas fallidas. La más reciente la de Christa Pike.
Cabe destacar que el académico considera el término fallido cuando hay problemas o retrasos imprevistos que "causaron, posiblemente, una agonía innecesaria para el prisionera o que reflejan una grave incompetencia del verdugo". Quiere decir que no necesariamente a quien se le aplicó la pena capital se salvó, sino que antes de morir, pasó por momentos de tortura, dolor o sufrimiento extremo.
Por su parte, Corinna Barrett Lain escribe en Secrets of the Killing State: The Untold Story of Lethal Injection (2025 que se pensaba que la inyección letal era una forma humana y gentil de morir, pero se ha convertido en un método tortuoso para terminar con la vida de sentenciados.
"La gente cree que la inyección letal es un método de ejecución mayoritariamente humano que a veces falla por razones que no comprendemos del todo. No loes. Las ejecuciones fallidas no son errores aleatorios, sino las consecuencias de un sistema profundamente disfuncional", señala la autora en la introducción de su libro.
A pesar de que la inyección letal tiene una alta tasa de fallos, afirma Corinna, se le acepta porque con ella "no tenemos que lidiar con la visión de sangre ni con el olor a carne quemada ni con los sonidos del sufrimiento, todos ellos potentes recordatorios de lo que el Estado está haciendo".
Y enfatiza una cita poderosa: "La pena de muerte en Estados Unidos es una cuestión altamente simbólica cuya utilidad reside más en la política que en el control de la criminalidad". Esto queda claro en la orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día que Donald Trump asumió la presidencia por segunda vez.
A través de un documento oficializó restablecer la pena de muerte y proteger la seguridad pública, un eje más de su política proteccionista que contempla varios ejes: migración, frontera, lucha contra el crimen organizado, aranceles, entre otros.
En este sentido, el documento que respalda la aplicación de la pena de muerte fue publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en abril de 2026. En él se establece que la inyección letal cumple con todos los protocolos y no "existen indicios que el pentobarbital provoque un dolor añadido" ni "sufrimientos innecesarios".
Explicó que si se están buscando métodos de ejecución alternos al mencionado (fusilamiento, gas letal o electrocución) es por una campaña lanzada por medios y activistas, quienes han desacreditado la inyección a tal grado de llegar a un desabasto de los fármacos, así como a desafíos legales que ralentizan la aplicación de la ley.
Incluso, la actual administración criticó la determinación del fiscal general durante el gobierno de Joe Biden, Merrick Garland, de aplicar una moratoria indefinida tras un análisis que afirmaba que la aplicación de la inyección letal con pentobarbital no podía llevarse a cabo sin arriesgarse a "dolor y sufrimiento innecesarios".
Y es que, regresando al libro de Corinna Barret Lain, según un estudio hecho en 2020 y basado en más de 200 autopsias de ejecuciones por inyección letal, el 84% de los casos presentaba un edema pulmonar agudo, lo que "evidenciaba que los reclusos se habían ahogado en sus propios fluidos. Como señaló un tribunal, en esencia estamos matando a las personas mediante la técnica del 'simulacro de ahogamiento'".
En esencia, la inyección letal se considera como una forma humana de hacer cumplir la ley. Sin embargo, su aplicación genera un debate por ser donde más fallos se han presentado, sin hablar de la opacidad en la adquisición de fármacos y su aplicación por personal poco capacitado, todo oculto bajo el velo de ser menos impactante, en teoría, que otros métodos que han resultado a la postre más efectivos.
Con información de N+
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